La administración del presidente Donald Trump anunció la restitución completa de 6 800 millones de dólares en ayudas educativas que habían sido congeladas semanas antes del inicio del curso escolar. La decisión se tomó después de que una coalición conformada por 23 fiscalías estatales y dos gobernadores presentara una demanda alegando que el Gobierno violó la autoridad del Congreso al retener recursos aprobados para escuelas de todo el país.
Los fondos retenidos provenían de partidas asignadas por el Congreso para financiar programas extraescolares, actividades de verano, capacitación docente y apoyo a alumnos con necesidades especiales de aprendizaje y dominio del inglés. Al suspender estos pagos faltando pocas semanas para el arranque de clases, numerosas comunidades, sobre todo aquellas con altos índices de vulnerabilidad económica, enfrentaron serias dudas sobre la continuidad de sus iniciativas educativas.
Los estados demandantes argumentaron que la medida del Ejecutivo contravenía la Constitución y la Ley de Control de Embargos de 1974, normativa que impide al presidente retener fondos federales sin el visto bueno del Legislativo. Bajo esta premisa, el litigio obligó al Departamento de Educación a liberar inicialmente una parte de los recursos y, tras sucesivas vistas en tribunales, a restablecer la totalidad de las partidas bloqueadas.
La restitución beneficia directamente a cerca de 1,4 millones de menores que participan en programas esenciales de refuerzo académico, actividades deportivas, proyectos artísticos y servicio de comedor, según datos de la organización Afterschool Alliance. Además, los fondos respaldan esfuerzos para atraer y mantener al personal docente en distritos con escasez de profesores, donde el ausentismo y las vacantes amenazaban la calidad de la enseñanza.
El acuerdo de restitución fue formalizado tras una serie de audiencias en tribunales federales, con la participación activa del fiscal general de California. Su despacho, junto a las autoridades de otros estados, consiguió forzar al Gobierno a respetar la potestad legislativa sobre el presupuesto educativo, sentando un precedente para futuras disputas entre poderes.
La resolución ha sido celebrada por organizaciones defensoras de la educación pública, que consideran que garantiza la estabilidad financiera de cientos de escuelas y centros comunitarios. Analistas en derecho público destacan el fallo como un recordatorio de la separación de poderes y subrayan la necesidad de proteger los derechos de todos los estudiantes, independientemente de su origen y condición social.
Con la liberación definitiva de los 6 800 millones de dólares, miles de instituciones podrán planificar sin sobresaltos el próximo año lectivo, asegurando el funcionamiento de programas clave que, de otro modo, habrían corrido el riesgo de cancelar actividades fundamentales para el desarrollo y bienestar de la infancia en Estados Unidos.
