Bares y restaurantes están en peligro de cerrar definitivamente.
La Federación Nacional de Establecimientos Públicos (FIPE) advirtió que unos 50.000 bares, restaurantes y discotecas corren el riesgo de ser cerrados definitivamente en el Italia tras la pandemia. Por esta razón, la federación exigió medidas urgentes al Gobierno.
De acuerdo con los cálculos de FIPE, el bloqueo del país para evitar el aumento en el número de contagios por coronavirus costará unos 30.000 millones de euros en pérdidas a establecimientos como bares, restaurantes, discotecas, pastelería, catering, cadenas de restauración o comercios informales.
Actualmente, el sector se encuentra en una denominada “crisis profunda” que amenaza con cerrar definitivamente 50.000 establecimientos en el país, lo que a su vez deviene en el desempleo de 300.000 ciudadanos, debido al confinamiento en el que se encuentra el país tras haber sido calificado como el primer foco de coronavirus en Europa.
“Muchos empresarios están valorando no reabrir sus establecimientos porque las medidas de apoyo al sector son todavía gravemente insuficientes”, aseguró la FIPE, integrada en la mayor patronal de Italia, Confcomercio.
El Gobierno italiano decretó el pasado 11 de marzo el “bloqueo total” de todo el país como una medida para frenar la propagación del virus, forzando así el distanciamiento social y evitar la exposición al SARS-CoV-2; esta política también implicó el cierre de establecimientos no esenciales, como los bares o restaurantes, que tienen la posibilidad de enviar comida a domicilio.
En el país continúan funcionando las farmacias, parafarmacias, supermercados u otras ventas de alimentos, en las que se aplican medidas de distanciamiento y los clientes entran por turnos, en pequeños grupos; sin embargo, el 10 de abril el Gobierno anunció que las tiendas de ropa para niños, librerías y papelerías también podrían funcionar.
Por su parte, la FIPE denunció que las ayuda que reciben hasta ahora el sector son “una respuesta parcial”, ya que aún no se ha garantizado su liquidez y la propuesta del Estado de préstamos máximos de 25.000 euros están lejos de las necesidades reales de las empresas.
Asimismo, los empresarios señalaron la “burocracia asfixiante” y la continuidad de sus obligaciones fiscales, por lo que aún debe ser pegada una tasa de ocupación de suelo público mientras se fuerza su cierre, así como las de aseo, a pesar de no generar desechos.
A su vez, el Gobierno evalúa una reapertura progresiva del país a partir del 4 de mayo, al haber constatado un mayor control sobre la pandemia y disminución de los casos, mientras la FIPE pide “un esfuerzo” para salvar este sector.
