La Corte Suprema de Justicia ha aprobado la llamada “Regla de Carga Pública” con 4 de los 5 votos a favor.
La Corte Suprema de Justicia ha aprobado la llamada “Regla de Carga Pública” con 4 de los 5 votos a favor, la cual permitirá al Gobierno del presidente Trump agregar nuevas dificultades para las personas que planeen emigrar a los Estados Unidos o que deseen permanecer en el país una vez estén en él.
Esta regla afecta directamente a las personas que dependen de la asistencia social del gobierno e incluye vales de vivienda, Medicaid y vales de alimentación.
William Barr, secretario de Justicia, ha asegurado que este es un gran avance para revertir las políticas migratorias del anterior gobierno, a la vez que agregó: “Estamos a más de la mitad del mandato del presidente, y la administración no ha podido rescindir la iniciativa de inmigración de la última administración, a pesar de que se basa totalmente en la discreción ejecutiva”.
Esta regla no afecta a personas que ya tienen la ciudadanía o una residencia permanente en el país norteamericano, solo aplica a personas que están solicitando una residencia legal permanente o algún beneficio de inmigración.
Detractores a la nueva regla
Susan Welber, abogada de la Sociedad de Asistencia Legal, es una de las mayores opositoras a la nueva regla y ha calificado como “indigno e inoportuno a cualquiera que se prediga que recibirá incluso una pequeña cantidad de alimentos, salud o asistencia para la vivienda en cualquier punto.”
“Estamos muy decepcionados con la decisión de la Corte Suprema y las consecuencias irreparables que tendrá para los inmigrantes y sus familias en todo el país, pero seguimos creyendo que nuestros reclamos legales son tan fuertes que en última instancia prevalecerán para detener esta regla de forma permanente”, agregó, además, en un comunicado publicado el lunes pasado.
Por su parte, Leticia James, Fiscal General de la Ciudad de Nueva York, ha expresado que, permitir las nuevas reglas, inyectará confusión e incertidumbre a la inmigración, y detendrá potencialmente a millones de residentes no ciudadanos en las jurisdicciones en demanda acceder a beneficios públicos a las que legalmente tienen derecho de acceder.
Si bien no se sabe cuántas personas se verán afectadas por la nueva regulación, parte de la preocupación de los detractores a ella es que la decisión final queda a discreción de cada funcionario y el único patrón que podría tomarse en cuenta es haber accedido alguna vez a algún servicio de ayuda, asistencia social u otro servicio utilizado con el fin de mantener el bienestar público.
