Un grupo de reconocidos abogados ha asegurado que la FIFA ha ignorado su informe relacionado con el respeto a los derechos humanos en Arabia Saudita, asegurando que el organismo está haciendo “un trato con el diablo” al haber decidido iniciar negociaciones para que el país árabe albergue la Copa del Mundo de 2034.
Se espera que en diciembre próximo se tome una decisión final respecto a la sede del evento, aunque la elección de Arabia Saudita parece inevitable, debido a que no existen otros candidatos.
Mark Pieth, Stefan Wehrenberg y Rodney Dixon, elaboraron el informe que fue presentado a la FIFA en mayo pasado, en el cual señalaban que el estado saudí violó las políticas de derechos humanos en diversas áreas que el ente rector del fútbol mundial considera vitales.
Dixon, representante legal de Hatice Cengiz, la viuda del fallecido periodista saudí Jamal Khashoggi, informó que la FIFA había hecho caso omiso al documento. “Pedimos que la FIFA, siguiendo su tradición de tener una postura a favor de los derechos humanos, haga exactamente eso ahora mismo”, expresó. “Las cosas tienen que cambiar si Arabia Saudita será considerada para albergar la Copa del Mundo. No podemos admitir recomendaciones vagas o escenarios falaces”, añadió.
Pieth, por su parte, fue presidente del comité de gobernanza independiente de la FIFA, el cual e creó después de que se revelara una presunta trama de corrupción para en las candidaturas de Rusia y Qatar para la Copa del Mundo de 2018 y 2022, respectivamente. En este sentido, el experto aseveró que escoger a Arabia Saudita era un “gran riesgo” para la FIFA.
“Sé que Arabia Saudita está bastante nerviosa por las críticas recibidas, y son peligrosos”, declaró. “Es mi opinión y no me avergüenza decirlo en público. Realmente están haciendo un trato con el diablo, así que existe un gran riesgo”, agregó.
El informe está enfocado en cuatro puntos principales. En el primero de ellos, se señala que Arabia Saudita “debe proceder a la liberación inmediata de todos los presos políticos y de aquellos que están detenidos de forma arbitraria”, y tratar a estas personas según las convenciones de derechos humanos.
En segundo lugar, se exige que “el poder judicial en Arabia Saudita sea designado de manera independiente por un organismo separado del poder ejecutivo”; mientras que en tercer lugar, se solicita que se modifique el marco legal que rige las relaciones laborales con el fin de que los trabajadores migrantes puedan abandonar el país sin previa autorización del gobierno nacional.
Finalmente, los expertos piden que el estado saudí mejore los derechos de las mujeres, permitiendo “la penalización de la violación conyugal, garantizando la protección contra la violencia doméstica, y permitiendo que las mujeres puedan ser tutores legales de sus hijos”.
