Un reciente fallo judicial en Bélgica ha declarado al estado culpable de crímenes contra la humanidad relacionados con su régimen colonial en África central, marcando un posible punto de inflexión hacia la compensación y la justicia para las víctimas. Este dictamen proviene de un tribunal de apelación que, el mes pasado, determinó que el “secuestro sistemático” de niños mestizos de sus madres africanas en el Congo, Ruanda y Burundi durante el gobierno belga tenía todas las características de un crimen contra la humanidad.
La demanda fue presentada por cinco mujeres que, entre 1948 y 1953, fueron separadas de sus madres congoleñas y que actualmente residen en Bélgica y Francia. Como resultado del fallo, cada una de ellas recibirá 50.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
Cabe destacar que este caso pone de relieve las terribles políticas coloniales que afectaron a miles de métis, hijos de madres africanas y padres europeos, quienes fueron considerados una amenaza para el orden social de la época.
La Asociación de Métis de Bélgica, liderada por François Milliex, ha señalado que esta decisión judicial podría abrir la puerta a la compensación económica para aquellos que sufrieron la separación forzada de sus familias. Milliex, quien fue llevado a Bélgica a los 14 años y separado de sus hermanos, explica que muchas personas afectadas siguen lidiando con el dolor de esa pérdida de identidad y conexión familiar.
Por su parte, la abogada de las demandantes, Michèle Hirsch, considera que la sentencia podría sentar un precedente para obtener reparaciones, aunque advierte que la lucha por ello será ardua. “Creo que todavía tendremos que luchar muy duro para que eso suceda”, expresó.
La situación de los métis ha sido ignorada históricamente por el gobierno belga, a pesar de que el antiguo primer ministro, Charles Michel, se disculpó en 2019 en nombre del Estado por el secuestro de estos niños.
A diferencia de otras naciones que han reconocido su historia colonial, como Australia y Canadá, Bélgica se ha mostrado renuente a abordar las demandas de compensación. La investigación estatal, a cargo de la organización Résolution Métis, está en curso para determinar cuántas personas fueron afectadas por estas políticas, pero aún no existen cifras concluyentes.
Esta sentencia también busca dar visibilidad a miles de mujeres jóvenes que, a menudo, fueron forzadas a entregar a sus hijos al Estado. Muchas de estas madres tuvieron que enfrentar circunstancias devastadoras, e incluso algunas nunca pudieron reunirse con sus hijos.
