El Tribunal Supremo de Israel determinó el domingo que el Estado no ha asegurado a los prisioneros palestinos de seguridad raciones alimenticias suficientes para mantener un nivel básico de subsistencia. La decisión, adoptada de manera unánime por un panel de tres magistrados, obliga a las autoridades penitenciarias a ajustar de inmediato la nutrición de los detenidos, tras detectar indicios de desnutrición y riesgo de inanición.
La sentencia responde a una demanda interpuesta en 2024 por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y la organización Gisha, que denunciaron una modificación en la política de alimentos tras el estallido de las hostilidades en Gaza. Según los grupos, la reducción de las raciones impuesta por el ministerio de Seguridad Nacional desembocó en severos déficits nutricionales entre cientos de presos, algunos de los cuales habrían sufrido consecuencias graves de salud.
El fallo, aprobado por dos votos contra uno en los apartados clave, subraya la obligación legal del Estado de garantizar suministros alimenticios que cubran las necesidades mínimas de los internos. Los jueces exigieron al Servicio Penitenciario de Israel la implementación de medidas concretas para elevar los menús hasta los estándares básicos establecidos por la ley israelí.
La guerra, iniciada hace casi dos años tras los ataques y represalias entre Hamás e Israel, ha derivado en la detención de miles de palestinos bajo sospecha de vinculación con el movimiento. Aunque un número significativo de afectados ha quedado en libertad sin cargos tras meses de reclusión, las condiciones en centros de detención han sido objeto de múltiples denuncias. Informes de organizaciones de derechos humanos han documentado no solo la escasez de alimentos, sino también deficiencias en la atención médica, precariedad sanitaria y episodios de violencia física contra los reclusos.
La reacción del ministro de Seguridad Nacional, responsable de supervisar el sistema carcelario, fue de rechazo al fallo. El titular del cargo sostuvo que, mientras se mantiene la exigencia de asistir a los rehenes israelíes en Gaza, las regulaciones sobre las condiciones mínimas de los detenidos de seguridad no se verán alteradas.
Según ACRI, el veredicto constituye un paso crucial para frenar lo que califican como prácticas punitivas en las prisiones israelíes. La entidad pidió la puesta en marcha inmediata de los ajustes sanitarios y alimentarios requeridos por la corte, advirtiendo que mantener las restricciones actuales equivale a mantener “cárceles convertidas en espacios de tortura”.
El fallo del Tribunal Supremo marca un hito en el debate sobre el trato a los prisioneros durante el conflicto, al poner en evidencia la tensión entre imperativos de seguridad y obligaciones de derechos humanos. La medida obliga ahora al Gobierno israelí a revisar sus protocolos internos y a responder en un plazo determinado con un plan de acción que subsane las deficiencias nutricionales detectadas.
