Las autoridades del Distrito de Columbia (Washington D.C.) introdujeron el viernes una demanda ante un tribunal federal para impedir lo que calificaron como una “toma hostil” del Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés), tras la orden de la administración Trump de nombrar un comisionado de emergencia.
El fiscal del distrito, Brian Schwalb, presentó a primera hora una demanda que busca anular la intervención federal en el mando del MPD. La acción judicial se produjo horas después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, exigiera la imposición de un nuevo jefe de policía para la capital.
La demanda alega que la administración federal ha excedido sus facultades al ampararse en provisiones temporales de la Ley de Autonomía del Distrito, y que solo las autoridades locales están habilitadas para dirigir el cuerpo policial de Washington.
Cabe destacar que Bondi nombró a Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), como “comisionado de policía de emergencia” en Washington D. C., con “todas las facultades y deberes” del jefe local. Por tal razón, el gobierno de la alcaldesa Muriel Bowser anunció de inmediato la impugnación de esa designación.
A principios de la semana pasada, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional tras declarar una supuesta crisis de delincuencia y de personas sin hogar en la capital. Esta medida ha sido duramente criticada por políticos demócratas y activistas, quienes condenan el uso de tropas como medio de presión política contra las autoridades distritales.
Al respecto, la alcaldesa Bowser indicó a través de un post en sus redes sociales que “no existe ninguna ley que estipule la transferencia de personal del Distrito a un funcionario federal”. Acompañó su mensaje con una carta de Schwalb dirigida a la jefa de policía local, Pamela Smith, en la que califica la orden de Bondi como “ilegal”.
La decisión de Bondi estipula que Smith está obligada compartir información de personas no detenidas (como la obtenida mediante controles de tráfico) con agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Es preciso resaltar que esta acción contraviene las leyes de santuario de Washington, que prohíben aportar datos de indocumentados bajo custodia.
Aparte de Washington, Bondi también envió misivas a 32 ciudades santuario y a varios condados a lo largo y ancho del país, advirtiendo posibles demandas a líderes locales por falta de cooperación migratoria. No obstante, las autoridades municipales han argumentado que sus tasas de homicidio están por debajo de otras urbes mayores y niegan un colapso de seguridad.
