El domingo, el presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue acusado por los fiscales de liderar una insurrección debido a su breve imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esta es la primera vez que un presidente surcoreano se enfrenta a este tipo de acusaciones, y de ser hallado culpable, Yoon podría enfrentar años de prisión e incluso la pena de muerte.
La decisión de Yoon, que buscaba restringir la actividad política y controlar los medios de comunicación, provocó una crisis política significativa el país asiático, que es la cuarta economía más grande de la región y ha sido históricamente un aliado clave de Estados Unidos. Esta crisis se vio agravada por la destitución del primer ministro y la acusación de varios altos funcionarios militares por su implicación en la supuesta insurrección.
La fiscalía aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero los medios locales han reportado sobre la acusación. La semana pasada, investigadores anticorrupción recomendaron formalmente acusar a Yoon, quien fue destituido por el parlamento y suspendido de sus funciones el 14 de diciembre.
Desde el 15 de enero, Yoon ha permanecido en aislamiento, siendo el primer presidente surcoreano en funciones en ser arrestado tras un enfrentamiento armado entre su equipo de seguridad y los funcionarios encargados de su arresto.
Recientemente, un tribunal rechazó en dos ocasiones la solicitud de los fiscales para extender su detención, aunque han solicitado nuevamente que Yoon permanezca bajo custodia mientras continúan con las indagaciones. Por su parte, los abogados del expresidente han acusado a los fiscales de mantenerlo en lo que consideran una “custodia ilegal”.
La insurrección es uno de los pocos delitos por los cuales un presidente surcoreano no goza de inmunidad. Este delito puede ser castigado con cadena perpetua o pena de muerte, aunque en las últimas décadas, Corea del Sur no ha llevado a cabo ejecuciones.
Mientras tanto, el tribunal superior está evaluando si debe destituir a Yoon de su cargo o restituirle sus poderes presidenciales, con un plazo de 180 días para tomar una decisión. Su destitución, que tuvo lugar el 14 de diciembre, lo convierte en el segundo presidente conservador en ser removido de su puesto en el país.
Cabe destacar que Yoon anuló la ley marcial unas seis horas después de su imposición, tras el rechazo del decreto por parte de los legisladores, quienes se enfrentaron a un grupo de soldados que había ingresado en el parlamento de forma abrupta.
De acuerdo con la ley surcoreana, si Yoon es finalmente destituido, se deberá convocar a unas nuevas elecciones presidenciales en un plazo no mayor a 60 días.
