La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión significativa al respaldar la intención del presidente Donald Trump de restringir la capacidad de los jueces de distrito para bloquear sus órdenes a nivel nacional. Esta resolución está relacionada con una apelación de emergencia sobre la política de ciudadanía por nacimiento, un tema que podría tener amplias repercusiones para el poder ejecutivo en el país.
El fallo, que contó con seis votos a favor y tres en contra, representa un triunfo para la administración Trump, ya que podría redefinir el alcance del poder presidencial. Cabe destacar que la corte aún no ha emitido un juicio definitivo sobre la constitucionalidad de la privación de ciudadanía a ciertos niños nacidos en Estados Unidos, por lo que el futuro de la orden ejecutiva que busca limitar los derechos de ciudadanía por nacimiento todavía es incierto.
La mayoría conservadora del tribunal consideró que las medidas cautelares universales “exceden la autoridad que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”, por lo que se dictaminó una suspensión parcial de dichas medidas, pero solo hasta un punto que sirva proporcionar alivio a los demandantes legítimos.
La decisión establece que la orden ejecutiva de Trump no podrá implementarse hasta 30 días después del fallo, lo que añade un nivel de incertidumbre sobre su aplicación. No obstante, la jueza Ketanji Brown Jackson expresó su desacuerdo, advirtiendo que “permitir que el poder ejecutivo viole la constitución con respecto a cualquiera que aún no haya demandado representa una amenaza existencial para el estado de derecho”.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor también calificó la decisión mayoritaria como “una farsa para el Estado de derecho”.
La orden ejecutiva de Trump, emitida en enero pasado, busca restringir la ciudadanía a aquellos bebés nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no tengan un estatus migratorio legal, desafiando así la garantía de la 14.ª enmienda que establece que todas las personas nacidas en el país son ciudadanos.
La controversia en este caso no solo gira en torno a la inmigración, sino también al poder judicial. Los abogados de Trump argumentaron que las medidas cautelares a nivel nacional que bloquean las órdenes presidenciales deben ser eliminadas, sugiriendo que los jueces solo deberían tener alcance sobre los demandantes individuales y no sobre todo el país.
La 14.ª enmienda, que garantiza la ciudadanía a todos los nacidos en Estados Unidos, ha sido un pilar fundamental desde su ratificación, y su interpretación sigue siendo un tema de debate en la Corte Suprema de la nación norteamericana.
