Un juez de Nueva York ha decidido denegar la libertad bajo fianza de Sean “Diddy” Combs por tercera ocasión, considerándolo un “riesgo grave” tras acusaciones de manipulación de testigos. Combs, quien se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrenta serias acusaciones de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y transporte para prostitución.
Los fiscales del caso han presentado pruebas que indican que Combs intentó comunicarse con testigos potenciales desde la cárcel con el objetivo de crear “narrativas” que podrían influir en la opinión del público en general y en la de los jurados de su próximo juicio por tráfico sexual. Estas acciones han llevado a las autoridades a considerar que su liberación podría comprometer la seguridad de la comunidad.
En una reciente audiencia, el juez de distrito estadounidense Arun Subramanian dictaminó que el gobierno ha demostrado de manera convincente que ninguna condición de fianza garantizaría la seguridad pública. Los abogados de Combs propusieron una fianza de 50 millones de dólares, argumentando que esto aseguraría que el rapero no intentara huir ni intimidar a otros testigos. Sin embargo, el juez expresó dudas sobre la efectividad de estas medidas, citando la “propensión a la violencia” de Combs y la naturaleza grave de las acusaciones que enfrenta.
Las acusaciones contra Combs no solo incluyen tráfico sexual, sino también múltiples demandas civiles que lo acusan de agresiones sexuales, chantajes y amenazas a testigos. Algunos de estos casos involucran a víctimas que eran menores de edad en el momento de los incidentes. Las autoridades alegan que Combs ha utilizado indebidamente las comunicaciones de la cárcel para influir en los testigos, además de obligar a otros internos a publicar defensas en redes sociales.
Los fiscales también han señalado que Combs reclutó a miembros de su familia para una campaña en redes sociales en torno a su cumpleaños, donde se animó a sus hijos a compartir videos de celebraciones. Se argumenta que estas acciones fueron diseñadas para influir en los posibles jurados y que Combs monitorizaba el impacto de estos videos.
A pesar de los intentos de sus abogados por obtener su liberación para facilitar la preparación de su defensa para el juicio programado en 2025, los fiscales han mantenido su postura, sugiriendo que las acciones de Combs pueden constituir obstrucción de la justicia. Asimismo, se ha denunciado que Combs utilizó aplicaciones de comunicación para hablar con personas no autorizadas, lo que podría agravar aún más su situación legal.
