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Un tribunal superior de Rumania ordenó la semana pasada la anulación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, pocos días después de que los servicios de inteligencia revelaran documentos que denunciaban una supuesta campaña en línea dirigida por Rusia para promover al candidato de extrema derecha Călin Georgescu, quien se erigió como ganador de esta primera vuelta.
La decisión del tribunal constitucional, que a su vez implica la realización de nuevas elecciones, se produjo luego de que el presidente Klaus Iohannis sacara a la luz una serie de archivos que afirmaban que Moscú llevó a cabo una campaña cibernética usando miles de cuentas de redes sociales para promover a Georgescu en plataformas como TikTok y Telegram.
A pesar de ser un actor nuevo en la política rumana, Georgescu, quien ha expresado simpatía por figuras como Donald Trump y Vladimir Putin, ganó una popularidad sorprendente de cara a las elecciones del pasado 24 de noviembre, algo sumamente inusual en un estado miembro de la UE y de la OTAN.
Georgescu, de 62 años, tenía previsto enfrentarse a la candidata centroderechista proeuropea Elena Lasconi, apoyada por el partido Unión Salvar Rumanía, en una segunda vuelta el pasado domingo. Cabe destacar que, según los sondeos más recientes, el político prorruso tenía muchas posibilidades de vencer a su rival, algo que hubiese cambiado el equilibrio de poder en la región.
“El proceso electoral para la elección del nuevo presidente de Rumania se repetirá en su totalidad, y el gobierno nacional deberá fijar una nueva fecha y un nuevo calendario”, expresó el tribunal mediante un comunicado.
Sobre esta medida, el actual primer ministro Marcel Ciolacu escribió en sus redes sociales que era “la única solución correcta después de haberse desclasificado documentos que muestran que el resultado de la votación estuvo profundamente distorsionado debido a la intervención de Rusia”.
No obstante, Lasconi manifestó su rechazo por la sentencia, tachándola de “ilegal, amoral y que aplasta la esencia misma de la democracia, que es el voto”.
Georgescu, por su parte, declaró que “el Estado rumano ha pisoteado la democracia”.
“La decisión de la CCR [Corte Constitucional de Rumania] es mucho más que una simple controversia jurídica; es prácticamente un golpe de Estado formalizado”, añadió.
Desde la caída del gobierno comunista de Nicolae Ceaușescu en 1989, Rumania nunca ha visto una actuación tan fuerte de la extrema derecha, impulsada principalmente por el descontento de la población debido a la alta inflación y por el polémico apoyo gubernamental a Ucrania.